Una norma complica el envío de dinero de los inmigrantes 'sin papeles' a sus países de origen 
Las empresas de 'remesas' deben exigir desde ayer el DNI , tarjeta de residencia o pasaporte 
Los datos hablan de un movimiento anual de casi 33 millones en Navarra, donde hay más de 10.000 extranjeros sin regularizar 
 
jesús iribarren/e.p.   
 
Las entidades financieras y los propios locutorios han extendido una gama de servicios para facilitar estos envíos de fondos.Foto: javier bergasa 

pamplona. Las casas de cambio de monedas y transferencias con el exterior deben identificar desde ayer a todas las personas que realicen operaciones, mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, la tarjeta de residencia o el pasaporte en vigor, con el fin de "evitar operaciones de blanqueo de capitales", explicaron desde el Ministerio de Hacienda. No obstante, un efecto colateral puede ser que se complique en la práctica lo que son los pequeños envíos de remesas de inmigrantes que no tengan los papeles en regla (como poco, 10.000) a sus familiares aunque desde ANAFE no se han detectado todavía síntomas de preocupación. Según el último estudio realizado por la UPNA para el Gobierno de Navarra en 2003, anualmente los inmigrantes (regularizados y sin regularizar) remiten casi 33 millones de euros (serán ya más) a sus familiares que viven en sus países de origen y se ha creado una amplia red bancaria y empresarial para tramitar estas operaciones.
La orden del Ministerio de Economía y Hacienda sobre prevención de blanqueo de capitales, que se aprobó el pasado 28 de julio, también obliga a las entidades de cambio de moneda a guardar copia de los documentos de identificación. Asimismo, las personas jurídicas o físicas que en su nombre actúen deberán también ser adecuadamente identificadas.
Las operaciones de cambio de moneda extranjera, tras la masiva llegada de inmigrantes a nivel estatal, han experimentado un crecimiento significativo por el envío de remesas a sus países de origen, fondos que constituyen un importante aporte al desarrollo de los países de procedencia.
La ley regula también que en el supuesto de que las operaciones de un mismo cliente superen los 3.000 euros por trimestre natural, se llevarán a cabo medidas adicionales de identificación, orientadas a conocer la actividad o actividades que justifican la titularidad de los fondos que se manejan.
Igualmente, contempla obligaciones específicas para las prestadoras de este tipo de servicios, con el fin de mejorar el conocimiento de sus clientes, la conservación de la documentación de las operaciones realizadas y precisar los mecanismos de control interno. Estas obligaciones determinarán, entre otras cuestiones, la forma en la que se debe llevar a cabo la remisión de informaciones sobre operaciones sospechosas de encubrir actividades de blanqueo de capitales que pudieran ser detectadas.
Aunque éste es el objetivo de esta normativa lo cierto es que puede tener una incidencia en lo que es una figura que no se dedica al gran tráfico internacional de capitales sino al inmigrante que remite cuando puede una remesa a sus familiares. Aquellos regularizados no tendrán ningún problema pero en el caso de no contar con papeles puede haber dificultades ya que se les exigirá el DNI (sólo los nacionalizados lo tienen), el pasaporte (es más habitual, aunque algunos prefieren deshacerse de ellos para no se repatriados si tienen una orden de expulsión) o la tarjeta de residencia. Éste último documento es más difícil de conseguir ya que junto al permiso de trabajo son los que dan ese estatus de regularizado y a diferencia de la Tarjeta Sanitaria (se logra al empadronarse) requiere todo un proceso por diferentes vías (arraigo, contrato...). Precisamente de comparar el total de tarjetas sanitarias o empadronamiento con este tipo de documentos de residencia o de trabajo se puede establecer de una manera aproximada qué numero o porcentaje de personas de origen inmigrante están en Navarra sin papeles, aunque también hay una población fluctuante. Las últimas estadísticas oficiales de la Delegación de Navarra (de mediados de diciembre) hablaban de un total de 60.000 inmigrantes de los que un 16% se encontrarían en situación de irregularidad, es decir, unos 10.000. La Federación de Asociaciones de Inmigrantes, por su parte, elevaba este colectivo días antes a unos 25.000 cifrando el índice de irregularidad en un 30%.
Es este colectivo el que además de otro tipo de problemas como la explotación laboral y falta de vivienda el que puede tener más dificultades prácticas para enviar lo que ganan fuera del Estado (pueden estar recelosos a identificarse por temor a una acción legal contra ellos) aunque surgirán otros mecanismos (ceder los fondos a familiares o amigos regularizados, envíos al margen de estos establecimientos...) para seguir con las remesas que para algunos países como Ecuador son una fuente de ingresos de primer nivel.
 
Lucha contra las grandes redes de evasión de divisas
Los diferentes bancos y otros establecimientos como locutorios etc... han visto rápidamente la oportunidad de hacer negocio canalizando los envíos de dinero del colectivo de inmigrantes al extranjero. De hecho las oficinas, publicidad y campañas de rebaja de comisiones se han multiplicado en las últimas fechas con una gran variedad de fórmulas y firmas. El objetivo del Gobierno no es este sector económico ni los pequeños envíos sino en las grandes transferencias (más de 3.000 euros al trimestre) que tengan que ver con operaciones ilegales de blanqueo de dinero a nivel internacional (narcotráfico, coches de lujo...) que se aprovechen del boom de la inmigración. Solbes hizo hincapié en garantizar la transparencia y seguridad de estos envíos (de lo que se beneficiarán también los propios inmigrantes para evitar posibles estafas o abusos) poniendo cuidado en no perjudicar los intereses de la clase trabajadora inmigrante aunque también es cierto que aquellos que se encuentran sin papeles pueden tener notables recelos a dejar huella de sus envíos a pesar de que se trata de una normativa de Hacienda, no policial. >j.i.C.