| RACISMO EN ESPAÑA |
| Escrito por Horacio | |
| lunes, 03 de julio de 2006 | |
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MADRID (Reuters) - El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, ha declarado que la entrada de la nueva ley para combatir el racismo quiere tener una "tolerancia cero" con el problema. Lissavetzky ha introducido un proyecto de ley que endurecerá las medidas contra los incidentes racistas que han plagado el deporte español, y particularmente el fútbol, en los últimos años. "Desarrollaremos una permisividad nula contra los actos racistas o xenófobos en el deporte", declaró el domingo Lissavetzky al diario El País. "Nadie tiene un medidor de racismo, pero hay hechos como cánticos o gritos simiescos ante los que no podemos taparnos los ojos y tampoco compararnos con otros países". Los incidentes de abusos racistas en los estadios españoles se han vuelto habituales en los últimos años, pero las penas con la actual ley son leves, normalmente con pequeñas multas para los clubes por parte de la Federación Española de Fútbol (RFEF). Lissavetzky declaró que mayores multas, cierres de estadios, control de los 'ultras', la retirada de puntos e incluso medidas más contundentes se incluirían en el paquete de medidas para combatir el problema. La ley también intentaría retirar los obstáculos legales que evitan que los extranjeros jueguen en las divisiones inferiores del fútbol español. El proyecto de ley, que logró la aprobación unánime del parlamento, se debatirá en septiembre y es probable que se convierta en ley al comienzo de 2007. El actual gobierno está intentando mejorar la legislación del deporte y también ha presentado un proyecto de ley con medidas más duras para combatir el dopaje. __________________________________ POLITICA DEPORTIVA Más sanciones para los actos racistas Un mayor rigor sancionador, tanto económico como de acceso a los recintos deportivos, y la ampliación de las medidas de prevención dirigidas a fomentar el juego limpio, son aspectos que contempla el Proyecto de Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que ayer presentó Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte y que se tramitará a partir de septiembre. __________________________________ Cortegana Marín recurrirá su imputación en el caso de los ataques racistas Antonio Marín insiste en que puso "todos los medios necesarios" que estaban a su alcance "para evitar los altercados" contra la comunidad gitana huelva. El alcalde de Cortegana, Antonio Marín (IU), presentará un recurso de impugnación ante el auto del juez, que junto a otras 15 personas, imputó al primer edil por los sucesos derivados de la manifestación celebrada el 16 de enero de 2005 contra la comunidad gitana del barrio Las Eritas de la localidad, para defender su inocencia. Antonio Marín aseguró "estar satisfecho por haber quedado claramente eximido de otras cinco acusaciones, por considerar el juez que no cabe la posibilidad de que incitara a la violencia", pero garantizó en cuanto a la imputación de un presunto delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas que puso "todos los medios necesarios" que estaban a su alcance "para evitar altercados". En este sentido, Marín especificó que notificó en su día la manifestación al subdelegado del Gobierno en Huelva, Manuel Bago, "para que pusiera las Fuerzas del Orden y Seguridad del Estado a disposición del pueblo". Además, el primer edil aseguró que la manifestación "contaba con todos los requisitos legales" y añadió no tener nada que ver con el cambio del recorrido, que finalmente concluyó en la barriada de Las Eritas, en la que vive una mayoría de vecinos de etnia gitana, donde según el auto, "se produjeron nuevos incidentes, consistentes en gritos contra el colectivo gitano, lanzamiento de un gran número de piedras y otros objetos contra los vehículos y las puertas y ventanas de las casas, así como varios incendios, algunos de los cuales se extendió hasta acercarse a una de las viviendas, sin que se llegara a las mismas probablemente gracias a la actuación de algún vecino". Por otra parte, el presidente estatal de la asociación Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez Heredia, alabó ayer la labor desempeñada por la Guardia Civil durante el periodo de instrucción sobre el caso de los enfrentamientos con la comunidad gitana. Ramírez Heredia consideró que los testimonios de la Guardia Civil son instrumentos "de un valor excepcional para formular ahora el escrito de calificación y estimar las penas que, según el Código Penal, se deben imponer a cada uno de los 16 imputados por el caso", entre los que se encuentra el alcalde Antonio Marín. En general, el presidente de Unión Romaní estimó que el auto de procesamiento del juez es "excepcionalmente válido" para el posterior escrito de calificación, para el que cada una de las partes personadas en la acusación, entre las que se encuentra Unión Romaní, tiene un plazo de diez días para su formulación. Además, se mostró convencido de que las imputaciones formuladas "se hacen a partir de considerar el delito de racismo ya que, de lo contrario, los daños y actos vandálicos que se registraron ese día en Cortegana quedarían en faltas" y añadió que "es muy importante que se tipifique este delito porque es la única manera de que las penas sean ejemplarizantes para la sociedad". |
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