| INMGRACION EN ESPAÑA |
| Escrito por Horacio | |
| miércoles, 07 de febrero de 2007 | |
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Según informaron fuentes policiales, la operación se puso en marcha a última hora de la noche de ayer como consecuencia de las investigaciones abiertas por el Servicio de Información de la Guardia Civil contra una presunta red que traficaba con personas. Los agentes intervinieron en un locutorio telefónico situado en el Paseo de las Palmeras, donde se llevaban a cabo las actuaciones irregulares para la falsificación de los documentos. En el locutorio, que había sido arrendado a la detenida hace seis meses, servía para iniciar los contactos con los inmigrantes para su posterior introducción irregular en España con documentos falsificados. La Guardia Civil intervino en el local -que anteriormente funcionaba como tienda informática- numerosos ordenadores, que fueron incautados para su posterior análisis. En la intervención policial se detuvo a una mujer, natural de Ceuta, y a su compañero sentimental, un inmigrante subsahariano que vive en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), tras haber entrado ilegalmente en la ciudad. La mujer arrestada se presume la cabecilla de esta red que tenía contactos en Marruecos y cuya base de operaciones se situaba en este locutorio ubicado en una céntrica galería de Ceuta, entre los números 20 y 22 del Paseo de las Palmeras. La operación policial permanece abierta y el juez instructor del caso, del Juzgado número 3 de la ciudad, ha decretado el secreto del sumario. SERVIMEDIA MADRID, 06-FEB-2007 M.G. La consellera d'Immigració asistió junto al director general d'Immigració, Juan Manuel Gómez, a la reunión del Consejo Superior de Política de Inmigración, celebrada ayer en Madrid. La secretaria de Estado de Inmigración, la directora general de Inmigración, Marta Rodríguez-Tarduchy; la directora de Integración de Inmigrantes, Estrella Rodríguez, y representantes de las comunidades autónomas analizaron el marco de cooperación de gestión del fondo de apoyo de acogida e integración de inmigrantes. La mayor parte de los representantes de las comunidades solicitaron un aumento de la cuantía económica destinada al fondo para la integración y de acogida de inmigrantes, así como que los proyectos destinados a este ámbito sean plurianuales, para poder dar continuidad a estas políticas. ________________ La expulsión de Adriana M. supondría un “perjuicio irreparable” para ella y su inválido marido. La tetraplejia de un ciudadano rumano por un accidente laboral ha servido para que la justicia valenciana anula la expulsión de su esposa, ordenada por Delegación del Gobierno. Una sentencia del Tribunal Superior rechaza la expulsión al desestimar el recurso interpuesto por el abogado del estado contra una sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo. La resolución indica que el esposo requiere de “cuidados permanentes” y depende “absolutamente” de una tercera persona. Ambos argumentos son los tenidos en cuenta por la justicia para anular la expulsión de Adriana M.
El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes ha valorado "muy positivamente" los contenidos del "Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010", que aprobará el próximamente el Consejo de Ministros. Según informó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Foro, órgano de consulta, información y asesoramiento de la Administración General del Estado en materia de integración de los inmigrantes, aprobó ayer en pleno extraordinario el dictamen del citado plan, así como la denominación que se le ha dado. El Foro considera que este plan "crea un marco adecuado para la integración de los inmigrantes como ciudadanos en España con plenitud de derechos humanos, sociales, económicos, culturales y políticos". Además, el Foro valora también de manera especial el proceso de consultas desarrollado, en el que se han recibido numerosas aportaciones de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, entidades sociales, asociaciones de inmigrantes e incluso de ciudadanos a título particular. El dictamen aprobado pone de relieve que el proyecto de "Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010" presentado por el Gobierno ha incorporado muchas de las aportaciones realizadas tanto desde el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, como desde las entidades que forman parte del mismo y desde otras instituciones y organizaciones sociales. Para elaborar el dictamen, el Foro ha desarrollado un amplio trabajo en las cuatro comisiones del mismo: Educación y Sensibilización; Empleo y Formación; Políticas de Integración y Participación; Asuntos Jurídicos, Europeos e Internacionales. Estas comisiones han promovido enmiendas y han recogido los aspectos más significativos de sus opiniones y propuestas en relación con el planteamiento de la política de integración que se realiza en el Plan, así como con las doce áreas de trabajo en las que se estructuran las medidas y programas del mismo. Entre los distintos temas relevantes y de calado social que se debatieron en el pleno extraordinario del Foro de Integración Social de los Inmigrantes, destacan la participación de las personas inmigrantes, las estrategias en el ámbito del codesarrollo y la necesidad de aproximar el Régimen Especial de los Empleados de Hogar al Régimen General de la Seguridad Social. En el campo de la participación política, el Foro insta al Gobierno a acelerar la firma de convenios bilaterales de reciprocidad con los países de origen de los inmigrantes para que puedan ejercitar el derecho de voto en las elecciones municipales, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución. Además, el Foro considera que se debe impulsar en el seno de la Unión Europea el debate sobre la ciudadanía europea de las personas inmigrantes que sean residentes de larga duración y propone la ratificación por parte de España de algunos instrumentos internacionales que amplían el reconocimiento de la igualdad de derechos y obligaciones de los inmigrantes y de su plena participación. El Pleno del Foro se inició con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado terrorista del pasado 30 de diciembre de la T-4 del Aeropuerto de Barajas y como muestra de solidaridad hacia los familiares de los dos ciudadanos ecuatorianos fallecidos.
El Estatuto de 1981 hizo hincapié en la necesidad de que los poderes públicos procurasen todos los medios a su alcance para que aquellos andaluces que un día tuvieron que dejar su tierra para buscarse la vida pudieran regresar. En estos últimos años algunos lo han hecho y muchos pueblos han experimentado el retorno de sus emigrados. El nuevo documento, sin embargo, reconoce ya la diversidad que ha ido surgiendo con la llegada de inmigrantes, algo que es imparable. Así, el Estatuto sobre el que el pueblo andaluz deberá pronunciarse el próximo 18-F dedica el artículo 62 del Título II a la Inmigración. El apartado 1 señala que “corresponden a la Comunidad Autónoma: a) las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes, en el marco de sus competencias. b) La competencia ejecutiva en materia de autorizaciones de trabajo de los extranjeros, cuya relación laboral se desarrolle en Andalucía, en necesaria coordinación de la competencia estatal en materia de entrada y residencia y de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Esta competencia incluye la tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo, la tramitación y resolución de los recursos presentados a dichas autorizaciones y la aplicación del régimen de inspección y sanción”. Continúa este artículo en su punto 2: “La Comunidad Autónoma participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Andalucía y, en particular, la participación preceptiva previa en la fijación del contingente de trabajadores extranjeros a través de los mecanismos previstos en el Título IX”. Por ahora, la mayoría de la población extranjera regularizada que reside en la comunidad autónoma procede de Marruecos, seguida de la de países europeos y los llegados desde Latinoamérica. El colectivo inmigrante representa ya el 5,4 por ciento de la población de la comunidad autónoma andaluza. Cuando fue aprobado el Estatuto del 81, en Huelva había apenas unos cientos de inmigrantes sobre una población de casi 400.000 habitantes. Una década después los extranjeros censados eran ya 2.102 y hoy viven en la provincia 23.459 sobre un total de 420.000 ciudadanos censados. El 5,4 por ciento de la población andaluza es ya inmigrante. Andalucía ha sido, junto a Canarias, la comunidad autónoma que más ha sufrido la imagen lamentable de la llegada por mar de personas desesperadas. El goteo de pateras, primero por el Estrecho, luego por Almería y Granada, es un triste reflejo del cambio social que se produce. Los inmigrantes, regulares e irregulares, han conseguido aliviar la escasez de mano de obra que existía en las provincias más agrícolas, sobre todo con la extensión de los invernaderos y los regadíos. Llegan con la esperanza de un trabajo que les permita encontrar un hueco en la sociedad andaluza. Huelva y Almería fueron de las primeras provincias en la búsqueda de soluciones a esta situación. Aún así, son las provincias orientales –a la agricultura hay que sumar los puestos de trabajo que genera el turismo– las que concentran una mayor proporción de población inmigrante. Huelva ha sido pionera en regularizar, desde su país de origen, la llegada de inmigrantes necesarios para sacar adelante la recolección agrícola, fundamentalmente, de la fresa. La temporalidad de las campañas permite que la llegada de estos trabajadores se haga programada, lo mismo que el regreso a sus países. Este sistema conocido como contratos en origen surgió a finales de los 90, cuando los productores onubenses detectaron un descenso en la mano de obra local de temporeros dispuestos a participar en la tradicional rueda de campañas agrícolas. El temor a que las cosechas se quedasen sin recoger hizo que los empresarios, en coordinación con el Gobierno, idearan un sistema de contratación en determinados países con mano de obra dispuesta a regresar al final de la campaña a sus países. En los primeros años, sobre en 1999 y 2000, se contrataron a varios miles de extranjeros. Sólo tres años después el sistema estaba pulido y ya venían hasta la provincia 19.000 contratados en origen de diversos países, principalmente del Este de Europa. Para 2007 está previsto que lleguen más de 30.000 temporeros a Huelva. La reciente incorporación de diversos países del Este a la UE, primero Polonía y más tarde Rumanía y Bulgaria, ha cambiado sustancialmente la situación que había hasta ahora. El mercado de trabajo de estos países europeos ahora es limitado, por lo que los empresarios se han visto obligados a girar la vista hacia el continente africano, principalmente Marruecos y los países del África subsahariana. LILIANA Ocampo es colombiana y lleva cuatro años en el monasterio de Nuestra Señora de Gracia. Llegó desde su tierra natal para iniciar un año de postulado al que han seguido dos de noviciado con las hermanas clarisas. Tras este periodo, el pasado domingo sor Liliana recibió la profesión de votos temporales para dedicarse a la vida contemplativa, y se compromete a vivir en pobreza, obediencia y castidad. Hace dos años que la última monja pronunció los votos en el convento veleño de las hermanas clarisas. En ese caso fue una mejicana de tan sólo 23 años. La última española entró en el convento hace 25 años. Las cifras hablan por si solas, de las 14 monjas de clausura con las que cuenta en la actualidad el convento, hay nueve españolas, tres de la India, una mejicana y una colombiana. Unos datos que ponen de manifiesto el peligro de extinción en el que se encuentra esta forma de vida, que hoy en día perdura gracias a las vocaciones inmigrantes. «Hemos llegado a ser unas 24 hermanas en los años 60», asegura la madre superiora, María Encarnación Sánchez, que lleva en el monasterio nada menos que 59 años. Sor Encarnación insiste en que no se ha arrepentido ni una sola vez de su decisión, pero es consciente de que hoy en día la juventud es más materialista y menos espiritual. Es por ello que son conscientes de la necesidad que existe de vocaciones religiosas para no tener que llegar al cierre de conventos. Para ello cuentan con la ayuda de los cientos de misioneros repartidos por todo el mundo que invitan a personas con vocación, a conocer los monasterios españoles. «Antes éramos los españoles los que íbamos a evangelizar al extranjero, porque ahora no puede ser al contrario», afirma sor Encarnación. Los inmigrantes adquieren en España cerca de 68.000 viviendas al año, lo que representa cerca del 15% de la demanda del mercado inmobiliario del país, según datos de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). Durante la presentación del Informe de Coyuntura de 2006, el presidente de la patronal de los promotores, Guillermo Chicote, destacó que los inmigrantes adoptan cada vez más pronto la decisión de adquirir una vivienda en propiedad. En estos momentos, los inmigrantes que se deciden por la compra de un piso llevan una media de cuatro años en España. La consultora Grupo i, que también presentó otro informe de coyuntura inmobiliaria, cifra en un 12% las transacciones de vivienda correspondientes al colectivo de inmigrantes. Ambas fuentes coinciden en señalar que los precios de la vivienda en España continuarán con la tendencia de desaceleración en los próximos meses. Según datos del Ministerio de la Vivienda, el precio de la vivienda libre subió en 2006 el 9,1%, el menor crecimiento desde 2000. Los promotores prevén un aumento para 2007 de entre el 5 y el 6,5%, mientras que el Grupo i apuesta por un alza del 6%.
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