MÁLAGA
Las esposas de los policías acusados de abusos culpan a las inmigrantes

Las esposas de los siete policías acusados de abusar sexualmente de las inmigrantes que custodiaban en un centro de internamiento de Málaga apoyan a sus maridos de forma incondicional. «Interviú» recoge en su edición de esta semana el testimonio de varias de las parejas de los agentes que denuncian las provocaciones a las que los policías eran sometidos por parte de las inmigrantes en Málaga.
Unas provocaciones que, según su versión, tendrían un claro objetivo: conseguir pruebas para denunciar a los agentes y evitar así la expulsión de España. «Les enseñaban los pechos y les tocaban el culo», denuncia una de las esposas de los agentes acusados de participar en las fiestas que se habrían organizado en el CIE de Málaga.

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ASEGURA QUE "NO HACE FALTA" MÁS PROCESOS DE REGULARIZACION
Enrique Múgica aboga por integrar a los inmigrantes "honestos" y reprender a los "vagos y maleantes"
 
El Defensor del Pueblo considera que ya "no hacen falta" en España nuevos procesos masivos de regularización de inmigrantes, aunque recientemente se haya destapado la existencia de una bolsa de entre 800.000 y un millón de irregulares. Enrique Múgica asegura que siempre habrá "efecto llamada", por lo que hay que hacer una labor de integración de los inmigrantes "honestos" y "una labor de represión dura contra los vagos y maleantes, ya sean inmigrantes u organizadores de inmigración".
LD (Europa Press) Múgica ha advertido de que el problema es que se ha regularizado a varios cientos de miles, pero en el fenómeno de la inmigración está siempre el efecto llamada; por eso, ha dicho el Defensor del Pueblo, las autoridades deben "jugar con los mecanismos de represión e integración" de los inmigrantes, estudiando "los casos concretos", ya que "habrá que integrarlos de alguna forma".  "Hay que hacer una labor de integración de los inmigrantes (honestos) y una labor de represión dura contra los vagos y maleantes, ya sean inmigrantes u organizadores de inmigración".
Enrique Múgica ha aseverado que a pesar de la vigilancia de las fronteras, siguen llegando inmigrantes irregulares, por lo que ha abogado por "integrar de alguna forma" a aquellos que tienen arraigo. "¿Qué vamos a hacer? ¿Les expulsamos? Se podrá expulsar a unos cuantos, pero ¿qué hacemos con aquellos que se han integrado en la población y tienen familia? Habrá que integrarlos de alguna forma", ha dicho Múgica.
Tras destacar que España ha logrado superar la "cifra sagrada" de los 40 millones de población gracias a la inmigración, Múgica ha resaltado la importancia de hacer una buena administración de la "capacidad de trabajo" que tiene nuestro país. El objetivo, ha dicho, es que "puedan trabajar todos los que están dispuestos sin que se creen actitudes xenófobas y racistas que pueden destruir el carácter humanista de la convivencia".
 
A favor de su derecho a voto
 
El Defensor del Pueblo entiende que en materia de inmigración hay que ir "por partes". "Esto es una carrera: los primeros inmigrantes han adquirido la residencia, y después la nacionalidad, sobre todo los iberoamericanos. No se trata de forzar el proceso, debe seguirse sin miedo, con naturalidad, pero sin osadía", ha advertido Múgica.
Respecto a la masiva llegada de cayucos a Canarias procedentes de África, Múgica ha afirmado que se trata de un problema ante el que en su opinión el Gobierno "está haciendo lo que puede". "Yo no me atrevería a criticar a ningún Gobierno. Aquí los gobiernos, sean de un signo o sean de otro, se encontrarán con los mismos problemas", ha añadido.
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Madrid perderá 200 millones de euros al año si el Gobierno no corrige la cifra de inmigrantes

El INE se niega a dar los datos del censo que ha elaborado para que la Comunidad pueda alegar - El Ejecutivo regional expone que no se puede reducir el padrón si sube la población escolar, los recién nacidos y los trabajadores extranjeros
Javier Brandoli

Madrid- Puede ser el próximo culebrón entre Gobierno central y autonómico. Decidir el número de inmigrantes que viven en la región es algo más que una medalla de solidaridad que colgarse al cuello y alguna queja encubierta para solicitar más dinero a la Administración central. Si, tal y como han apuntado ya algunos influyentes partidos políticos, la financiación autonómica va a tener dos importantes variables, que son la población nacional y la inmigrante -de forma separada-, la reclamación del Ejecutivo autonómico puede pasar del plano de las palabras al plano de los números. Muchos números.
Menos dinero en el futuro. Los consejeros de Hacienda, Engracia Hidalgo, y Economía, Fernando Merry del Val, dieron ayer una rueda de prensa para explicar las razones de su Gobierno para pedir el cambio del padrón elaborado por el INE (Instituto Nacional de Estadística). No se quedaron sólo en una sucesión de datos que contradice los «elaborados» -palabra que utilizaron los consejeros-, dieron también una explicación política de lo ocurrido.
En este sentido, Hidalgo, recordó una hecho que, a su juicio, no es casual: «El mismo día que se hizo público el padrón, el líder de CIU dijo que en el tema de la financiación se debe tener en cuenta la población nacional y la inmigrante».
Y no es casual, explicó Hidalgo, «porque la financiación autónómica -que ha desempolvado el Estatuto de Cataluña y que nosotros no buscábamos, puntualizó- se tratará posiblemente el próximo año y los datos económicos y sociales que se tendrán en cuenta serán los de 2005».
De ser así, «Madrid, según los cálculos que ha hecho lo Consejería, perdería 200 millones de euros anuales, dijo Hidalgo». La comparativa con otras regiones es aún peor para los intereses de la región. Bueno, en realidad con todas, porque Madrid es la única comunidad española -«dato muy sorprendente, dijo Merry del Val- en la que la inmigración entre 2004 y 2005 se ha reducido.
Datos contradictorias. Merry del Val explicó que los datos del INE contradicen los que le han entregado los Ayuntamientos de la región. De hecho, el censo municipal sumado da una cifra de 947.380 extranjeros que viven en la Comunidad. El Gobierno ha rebajado esa cifra hasta 695.600 inmigrantes. ¿La razón? Problemas en el censo. «Queremos que nos entreguen el listado y poder hacer la comparativa y responder», dicen en la Comunidad. Hasta ahora la respuesta ha sido «no».
Sin embargo, en la Comunidad no quieren hablar aún de demandas y resoluciones judiciales. «Queremos solucionar este problema por la vía del diálogo», dijo Hidalgo. La comparativa se haría ofreciendo datos que demuestren que un inmigrante eliminado del censo por el Gobierno sí vive en Madrid. ¿Cómo? «Si en 2005 ha utilizado la sanidad pública, o alguno de sus hijos ha estado escolarizado en la región, o ha solicitado alguno de los servicios sociales de la Comunidad, eso demostraría que no ha dejado de vivir aquí», dijeron.
Entre las obvias, dijo Merry del Val, alegaciones que hace la Comunidad, está el hecho de que han crecido, respecto a 2004, el número de hijos nacidos de madre extranjeras; ha aumentado el número de niños escolarizados y, sobre todo, que la Encuesta de Población Activa (también la hace el Gobierno) dijo que en 2005 aumentó la población inmigrante en edad de trabajar en 88.600. ¿Se han ido de la región 250.000 niños y ancianos?
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«Estamos abiertos a la colaboración en inmigración»

La consejera de Familia, Rosa Valdeón, confirmó ayer que la Junta de Castilla y León está «abierta a la colaboración en materia de inmigración» en referencia a la posibilidad acoger una parte de los 500 indocumentados menores que se encuentran en la actualidad en Canarias, como adelantó ayer este periódico.
Pese a al «voluntad» del Gobierno regional, Valdeón reiteró que el Gobierno central «aún no nos ha ofrecido recibir a ningún menor», por lo que recordó la necesidad de que se reúna el consejo estatal con representación de todas las Comunidades Autónomas «para materializar algún acuerdo».
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Retraso en los fondos para inmigración

Los representantes de la Federación Española de Municipios trasladaron al ministro su «insatisfacción» sobre la gestión de los fondos para la inmigración, ya que, según denunciaron, «no llegan a las corporaciones locales». Gallego exigió que se produzca «un giro» en la gestión de estos fondos, los que «deberían remitirse a los municipios según aprobó el Parlamento». «Los Ayuntamientos tenemos que hacer frente a muchas cuestiones y esos fondos irían a una mejora de la inmigración con carácter global», reiteró. Gallego aseguró que «hubo voluntad parlamentaria» para destinar estos fondos, pero no llegan a su destino.
Por su parte, el titular de interior remitió a los representantes de la FEMP a que se dirigan a los portavoces de los grupos parlamentarios para que «tomen cartas en el asunto». Según recordó, se creó un fondo para la atención de la inmigración que estaba en torno a los 80 millones de euros en el 2005 y se ha duplicado a 160 millones de euros en 2006. Ese fondo debía dividirse al 50 por ciento entre ayudas a las escuelas que escolarizan hijos de inmigrantes y a los municipios que llevan a cabo la integración social. Rubalcaba aseguró que el Estado ha transferido el dinero a las comunidades autónomas, y son éstas «las que debían haberlo transferido a los ayuntamientos».
Con respecto a los inmigrantes, el titular de Interior insistió ayer en que el ministerio del que es titular «será contundente» con los policías adscritos al Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga si se demuestra que abusaron sexualmente de algunas inmigrantes en el módulo de mujeres. En este sentido, Rubalcaba subrayó que si se ha producido «una actuación judicial» es «porque hubo una investigación interna de la Policía», que según señaló, «actuó en cuanto tuvo las primeras noticias de que se podrían haber producido estas actuaciones». No obstante, el ministro recordó que «hay que poner sobre la mesa la presunción de inocencia».
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Albacete

Más de la mitad del alumnado inmigrante llega sin saber español
Los sindicatos critican que el equipo de apoyo lingüístico sólo cuente con seis personas en la provincia Los más de 3.500 estudiantes no universitarios pertenecen a 78 nacionalidades diferentes
DOLORES CARCELÉN/ALBACETE
El alumno inmigrante parte en desventaja. En la provincia de Albacete, los estudiantes extranjeros aún son de primera generación. De la noche a la mañana, se despiden de familiares, de amigos y de una tierra que quizá no vuelvan a ver. Pero esta desventaja no es sólo emocional, el idioma es una barrera que tiene que saltar la mitad del alumnado.
Así, de los más de 3.500 alumnos que se matricularon el año pasado en la provincia de Albacete, más de la mitad eran de Marruecos, Rumanía, Bulgaria, Ucrania y un sinfín de nacionalidades -hasta 78 diferentes- donde se hablan idiomas y dialectos que apenas guardan relación con el castellano o que ni siquiera tienen una mínima base latina.
Aunque los sindicatos consideran que los esfuerzos de la Administración a este respecto son insuficientes, el caso es que la Consejería de Educación cuenta con numerosos programas dirigidos a fomentar la plena integración de este alumnado, que ya representa el 5% del total.
Hay que tener en cuenta que los equipos de apoyo lingüístico para inmigrantes (EALI) disponen de seis profesores, lo que limita su campo de actuación a una o dos clases cada quince días. Tanto Comisiones Obreras como la organización sindical Anpe demandan mayores esfuerzos para atajar este handicap.
Si bien los iberoamericanos representan casi la mitad del total del alumnado, el resto son de países de Europa del Este y África. La inmigración va en aumento y se concentra además en Albacete, Hellín, Almansa, Villarrobledo, La Roda, Casas Ibáñez, Caudete y Tobarra, de ahí que los sindicatos pidan refuerzos en los EALI de estas zonas. No obstante, otro de los problemas a los que se enfrenta el profesorado es el contexto sociocultural del alumno extranjero. La mayoría de los inmigrantes viene a trabajar y procede de países donde los niños ayudan en la economía doméstica. El hecho de que en España estén obligados a permanecer en la escuela hasta los 16 años genera rechazo tanto por parte de los progenitores como del alumno. Quizá en este último argumento esté el motivo por el que sólo un centenar de extranjeros se matriculara durante el curso pasado en Bachillerato.
Quitando el idioma y las dificultades económicas y sociales -que son la clave- el alumnado inmigrante cuenta con un abanico de oportunidades equiparable al del resto de los estudiantes. El 87% de estos jóvenes se escolariza en centros públicos y el resto en privados, proporción muy parecida a la del resto del alumnado.
En total, en la provincia de Albacete se escolarizaron el año pasado 3.514 alumnos extranjeros de 79 nacionalidades diferentes, matriculados en Albacete capital y en Hellín, Almansa, Villarrobledo, La Roda, Casas Ibáñez, Caudete y Tobarra fundamentalmente.
La mayoría del alumnado extranjero procede de Ecuador, Marruecos, Rumanía, Bolivia, Colombia, Bulgaria, Ucrania y Argentina, pero también hay estudiantes chinos, japoneses o iraquíes, de ahí que la Consejería de Educación haya editado diccionarios para afrontar alfabetos diferentes, como el Diccionario Básico Castellano-Árabe.
No obstante, la traducción de impresos y solicitudes para facilitar los trámites administrativos a las familias no es el único paso que ha dado la Administración regional desde que tiene en sus manos las trasferencias educativas. Castilla-La Mancha cuenta con programas específicos para dar respuesta al alumnado inmigrantes, como el Plan de Igualdad en la Educación, el Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Mejora de la Educación Secundaria Obligatoria, Programa de Educación Compensatoria, así como actividades de mediación y coordinación, servicios de apoyo y asesoramiento a los centros educativos, equipos de apoyo lingüístico y centros territoriales y asesorías de formación en orientación, atención a la diversidad e interculturalidad.
Sin embargo, conocedores de la problemática del alumnado inmigrante, como el sindicalista Esteban Ortiz, consideran que si hay alumnos brillantes, como ocurre con los procedentes de China o de Europa del Este, es por su afán de superación y no porque la igualdad sea real.
Hay que tener en cuenta que de cara al próximo curso se duplicará el número de educadores sociales en los institutos de la provincia, pasando de cinco a diez personas. Además, los centros pueden contemplar la presencia de dos tutores en el mismo grupo para incrementar la atención al alumnado extranjero.
La asignatura pendiente estaría por tanto en los EALI. Y es que las aulas de la provincia representan un completo mapa mundi que va desde el vecino Marruecos hasta la lejana China, pasando por Argelia e Irak, los exóticos Santo Domingo y Cuba o culturas tan próximas como la ecuatoriana.
La cara negativa de esta diversidad cultural está en lo que supone para la mayoría de estos jóvenes, muchos de ellos niños, abandonar de la noche a la mañana a su familia, su casa y sus amigos, para encontrarse en un país extraño. Los estudiantes de Argentina, Ecuador o Colombia llegan con una ventaja que no tienen los menores de Marruecos o China.