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Escrito por Horacio
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domingo, 08 de octubre de 2006 |
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LA inmigración, al margen de ideologías y de opciones políticas, se ha convertido ya en el principal problema para los españoles, seguido a gran distancia por el terrorismo, según se desprende del Barómetro de otoño realizado para ABC por Demoscopia. El 41 por ciento de los encuestados manifiesta su preocupación por un asunto ante el que una abrumadora mayoría (76 por ciento) cree que el Gobierno ha hecho gala de improvisación. Revelador resulta el porcentaje de votantes socialistas (69 por ciento) que cuestiona la capacidad del Ejecutivo para afrontar la situación con una política clara y concisa. Pocas veces un problema ha concitado tanta unanimidad y pocas veces el electorado socialista y del PP han coincidido tanto en el diagnóstico. Si a ello añadimos el dato de que son sustancialmente más los españoles que consideran que el PP gestionó con mayor acierto la política inmigratoria, parece obvio que el PSOE se encuentra en una compleja y delicada situación que amenaza con frustrar sus expectativas electorales, más aún cuando un 45 por ciento de los entrevistados establece una relación causa efecto entre la actual situación y el proceso de regularización puesto en marcha en 2005 por el Ejecutivo. Uno de cada tres votantes del PSOE sustenta esta opinión, que se extiende progresivamente en el electorado a medida que crece la percepción del problema en la opinión pública.
Igualmente notorio resulta el dato de que dos de cada tres españoles creen que España ha alcanzado el máximo nivel de inmigración, lo que obliga a una primera reflexión: mientras distintos organismos públicos y privados insisten en que la estabilidad del mercado de trabajo y del crecimiento económico depende, en gran medida, de que el sistema siga incorporando inmigrantes, los españoles parecen pensar lo contrario. De nuevo, la percepción de la calle parece moverse por derroteros distintos al de los informes de los expertos. A tenor del resultado de la encuesta -coincidente con otras que han visto la luz en meses pasados- parece obvio que los españoles consideran que ha fracasado la política inmigratoria del Gobierno, obligado a rectificar sobre la marcha y empeñado ahora en una compleja estrategia de acercamiento al PP por la vía de un pacto de Estado que el principal partido de la oposición rechaza, al considerar -no sin razón- que obedece a un movimiento táctico con el que el Gobierno pretende descargar el peso de sus errores pasados. Mariano Rajoy ya dejó clara su postura, ratificada este fin de semana en la conferencia interterritorial sobre inmigración, en la que propuso un amplísimo abanico de medidas para tratar de paliar el problema demostrando capacidad de reacción ante un asunto sensible en el que se erige como sólida alternativa frente a la ineficacia del Gobierno.
Tras la inmigración, el terrorismo sigue ocupando un lugar destacado entre los grandes problemas. Al cumplirse un semestre de la declaración de «alto el fuego permanente de ETA», crece y se extiende el desánimo en la opinión pública, desvaneciéndose -según pone de manifiesto el Barómetro- el optimismo que revelaba la anterior encuesta publicada por ABC a los pocos días del comunicado etarra. Si hace medio año, un 65 por ciento se mostraba esperanzado, frente a un 31 por ciento que no ocultaba su escepticismo, la situación ha dado un giro sustancial, siendo ahora una mayoría del 52 por ciento la que se muestra escéptica frente a un 44 por ciento que aún conserva intacta su esperanza. El incremento del terrorismo callejero, la «exhibición» de ETA y de algunos de sus presos más sanguinarios, como Txapote y Bilbao, y, sobre todo, la ausencia de información en torno a un «proceso» plagado de incógnitas, han provocado el vuelco y frustrado los anhelos de una inmensa mayoría de españoles. Hoy, el 74 por ciento considera que es perfectamente posible que ETA vuelva a utilizar las armas, un porcentaje similar al que ofrecían los sondeos con motivo de la tregua etarra en 1998. Más grave para el Gobierno resulta el hecho de que un 56 por ciento de los encuestados considera que no se dan las condiciones aprobadas en el Congreso para un eventual diálogo con ETA. Sustancial giro que complica el escenario y el horizonte político que maneja el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en un momento especialmente delicado por la presión creciente de ETA/Batasuna. |
