Un 10 por cien cuenta entre 5 y 10 interrupciones del embarazo
Las inmigrantes doblan la tasa española en reincidencia de abortos
27/11/2006 | EFE   
Un 42,2 por ciento de las inmigrantes que aborta ha tenido interrupciones del embarazo previas, casi el doble de la tasa española, y un 10 por cien -fundamentalmente mujeres del Este de Europa- cuentan entre 5 y 10 abortos anteriores, que en algunos casos llegan a 20.

Entre las razones que explican la reincidencia del aborto en Europa del Este figura que en estos países la interrupción del embarazo "se ha usado como método anticonceptivo", señaló Eva Rodríguez.
El estudio, elaborado a partir de 964 encuestas, revela que un 21 por cien de las mujeres que han abortado son de origen ecuatoriano, un 18 por cien de Rumanía, un 15 por cien de Bolivia, un 11,5 por cien de Marruecos y un 5,7 por cien de Colombia.
La mitad de todas ellas alegó haberse quedado embarazada porque no había usado ningún método anticonceptivo, una tasa que entre las españolas se reduce al 22 por cien.
En este sentido, Rodríguez explicó que las mujeres procedentes de América Latina mantienen falsos "mitos" y creen que cualquier método de anticoncepción es perjudicial para la salud.
En la mitad restante que sí utilizó algún método, un 18 por cien afirmó que éste había fallado y un 18 por cien que lo usó mal.
El más utilizado es el preservativo (45 por cien), seguido de los métodos hormonales como la píldora, la inyección o el parche o implante (33 por cien) y un 17 por cien declaró recurrir a métodos naturales (un porcentaje que entre las españolas asciende al 37 por cien).
La presidenta de ACAI destacó también el desconocimiento de la píldora poscoital por parte de un 80 por cien de las inmigrantes, mientras un 100 por cien de las españolas la conoce y un 70 por cien de las que han abortado reconoce haberla usado alguna vez.
La situación económica es la causa principal para abortar (un 44 por cien), seguida de la no idoneidad del momento para tener un hijo (12 por cien ) o porque no quieren más hijos.
Aunque un 80 por cien señalaron que tenían recursos propios, un 38 por cien de ellas contaban con ingresos inferiores a 460 euros y un 53,5 interiores a 921 euros.
En este sentido, la presidenta del ACAI destacó que un 21 por cien de las encuestadas reconoció que la planificación familiar no está entre sus prioridades "porque el nivel económico es bajo y deben concentrarse en subsistir".
Las razones económicas son esgrimidas por las inmigrantes de todas las regiones, salvo las asiáticas, que alegan que no quieren tener más hijos, aunque la responsable del ACAI puntualizó que éstas tienen sus propios médicos y utilizan poco las clínicas.
Otra de las diferencias con la española es que un 64 por cien de las inmigrantes que aborta tiene otros hijos, mientras en la población general este porcentaje se reduce a un 47 por cien
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Los inmigrantes quieren más ayudas y facilidades para poder traer a sus familiares
La petición de reagrupación implica un salario base de 540 euros y tener una vivienda comprada o de alquiler

Joan Planes

Ecuatorianos votando ayer para los comicios de su país

Barcelona- La pasada semana el Ayuntamiento de Barcelona avanzó que a finales de año se habrán atendido desde principios de 2005 unas 10.000 peticiones de reagrupamiento familiar por parte de inmigrantes empadronados en la ciudad. El concejal de Bienestar Social, Ricard Gomà, detalló que las oficinas tramitaron 4.000 demandas en 2005 y 6.000 este año. «Esta tendencia irá en aumento en los próximos años», anunció el concejal.
No obstante, los obstáculos económicos parecen dificultar en muchos casos la llegada de los hijos pequeños de la población inmigrante a Cataluña. La mayoría de peticiones son de personas de origen ecuatoriano. Para hacer uso del derecho de reagrupamiento familiar, se tienen que cumplir las siguientes condiciones: acreditar unos ingresos equivalentes al salario mínimo interprofesional -540 euros más un por ciento por cada hijo o persona que se quiera trasladar, tener una vivienda (alquilada o en propiedad) con al menos una habitación para cada dos personas, cotizar a Hacienda y no tener procesos penales.
Muchos de los ecuatorianos afincados en Barcelona no cumplen todos los requisitos, sobre todo los económicos y de vivienda. Lucía, una ecuatoriana de 35 años y trabaja cuidando a Elisabeth, una anciana de 91 años que vive muy cerca del Hospital Clínic de Barcelona. La joven tiene a su marido y a sus dos hijos, José Manuel, de trece años, e Iván, de diez, viviendo aún en Guayaquil. Lucía explica a LA RAZÓN que «de momento, para mí es imposible traer a mis hijos a Barcelona, quizá nos deberían dar más facilidades, más bien me veo dentro de pocos años regresando a Ecuador».
Sin vivienda
Lucía vive en casa de la mujer mayor, por lo que ya no cumple el requisito indispensable de tener una vivienda en propiedad. Existe otro problema. «Si estuvieran aquí no tendría dinero para garantizarles la educación en un colegio ni para tantas otras necesidades», dice. Pese a ello, la joven sobrepasa con creces el sueldo mínimo interprofesional, casi duplica los 540 euros.
La situación de la prima de Lucía es bastante diferente. Mayiya tiene 34 años y está casada con Giovanni, de 37. Los dos trabajan en tareas de limpieza, ella en viviendas particulares y él en una empresa. En este caso, si que consiguieron reagrupar a su familia, consiguiendo que sus dos hijos, Lenin, de catorce años, y Genesis, de diez, vinieran a vivir con ellos en su casa de Can Vidalet, cerca de Granollers (Barcelona). No obstante, se quejan de que «el proceso fue muy complicado y quizá con demasiados trámites burocráticos, las autoridades deberían ponerlo más fácil de cara a que las familias se pudieran juntar y vivir juntas», señalan.
Otra pareja ecuatoriana residente en Barcelona, formada por Glenda y «El Chino», tiene a sus cuatro hijos en su país de origen, sin que de momento puedan traerlos, por los motivos de carácter económico y de espacio. Mientras ella también trabaja en el sector de la limpieza, él es empleado en una fábrica de Granollers. Los niños viven con su abuela en Guayaquil. La pareja ve muy difícil que se pueda juntar toda la familia, y lo achacan «a una cierta falta de ayuda de la administración municipal».
Pese a que parte del coelctivo ecuatoriano se queja de las dificultades para llevar a cabo la reagrupación familiar, Gomà insistió en que «una de nuestras prioridades es apoyar a las familias recién llegadas a la ciudad, por lo que tendrán una atención específica, con información sobre sus derechos y deberes, la red de servicios públicos que tienen disponibles en Barcelona y la aplicación de protocolos comunes mediante la red de atención primaria y la implicación de colegios públicos y concertados».
La tendencia al aumento de las peticiones de reagrupamiento familiar por parte de ecuatorianos anunciada por el Ayuntamiento viene corroborada por diversos estudios. Un informe de la consultora ACNielsen asegura que pese a que la mayoría de ellos llegan a España con la intención de quedarse sólo cinco años, siete de cada diez deciden instalarse definitivamente en nuestro país. Un factor que favorece cada vez más este extremo es que los adolescentes echan raíces con rapidez en España, a través de nuevos amigos y parejas. En Cataluña residen actualmente 66.000 ecuatorianos -después de Marruecos es la zona con mayor concentración de ciudadanos de este país-, de los que se calcula que 16.000 están en situación regular.
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ASTURIAS

Inmigración y pobreza, nombres de mujer
  
De izquierda a derecha, Silvia Peri, Charo Gómez-Haces, Paloma González Posada, Berta Montoya e Iva Antonieva. 
 
Los colectivos asturianos que trabajan con emigrantes defienden la educación como única forma de progreso laboral y personal

Oviedo, A. VILLACORTA
«Las madres inmigrantes construiremos el mapa de la geografía humana del futuro en Asturias». Berta Montoya, presidenta de la Asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias (AIRA), resumió así el peso de la inmigración en el Principado durante el coloquio «La mujer inmigrante hoy» celebrado en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Montoya fue invitada a disertar sobre esta realidad por Paloma González-Posada, representante de Cauce, una fundación que desarrolla proyectos dirigidos a la población inmigrante en la región.

Montoya radiografió la situación de las personas que llegan a Asturias en busca de una vida mejor, «muchas de ellas, mujeres, de las que muy pocas logran acceder a trabajos cualificados». «La inmigración y la pobreza tienden a feminizarse», explicó Berta Montoya, quien señaló que «las inmigrantes practican una economía de subsistencia para poder enviar dinero a sus países». Algunas apuntalan, dijo, «la economía sumergida de la región a través de actividades como la venta ambulante y la prostitución».
«Las mujeres inmigrantes tenemos gran parte de la responsabilidad del cuidado de muchos hogares asturianos, de los niños y los ancianos de Asturias», señaló la salvadoreña, «de forma que muchos asturianos pueden desatarse de los amarres familiares, entrar en el mercado laboral o tener más tiempo libre».
Por eso, denunció, «es vergonzoso que este trabajo se vea como de segunda categoría», una discriminación y una exclusión social, dijo, a la que contribuyen la administración política de inmigración, la ley y la sociedad. «No somos vistas como sujetos de derecho, sino como una mano de obra barata y explotable por la necesidad de mantener a nuestras familias», abundó la presidenta de AIRA, quien abogó por «avanzar en los derechos sin olvidar los deberes».
Charo Gómez-Haces, presidenta de la Asociación de Cooperación para el Empleo de Asturias (ACEA) apuntó, por su parte, «la urgencia de encontrar fórmulas que se adecuen a las necesidades de mujeres que tienen la imperiosa necesidad de incorporarse rápidamente al mercado laboral», mientras que la argentina Silvia Peri, coordinadora de «Asturias con otro acento», incidió en que «la inmigración todavía es más complicada por el hecho de ser mujer» y que, precisamente, por ese desafío, «las mujeres tienen que aprovechar cada oportunidad en el campo de la formación para cambiar su situación laboral». Peri, criticó, asimismo, el tratamiento que los medios hacen de la inmigración, que, dijo, «no es ni un fenómeno ni un problema».
Iva Antonieva, coordinadora del colectivo búlgaro-rumano en Asturias, contó que muchas mujeres procedentes de estos países, empleadas internas en el servicio doméstico, «sólo pueden salir una tarde a la semana, mientras que otras tienen dos horas al día para dar un paseo, un aislamiento que les afecta psicológicamente».
La Fundación Cauce busca voluntarios para impartir cursos de formación al colectivo inmigrante en el Principado. Los interesados pueden llamar al 985226401.
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Las remesas de los inmigrados aumentan un 35% hasta agosto
 
Las remesas de los inmigrantes que trabajan en España a sus países de origen alcanzaron los 3.905 millones de euros entre enero y agosto, lo que supone un incremento del 35,3% respecto al mismo periodo de 2005, según los últimos datos del Banco de España.
Sólo en el mes de agosto, los envíos de dinero se situaron en 559 millones de euros, lo que supone un récord mensual y representa un incremento del 31,2% frente a agosto del año pasado. Mayo fue el segundo mes más activo en cuanto a estos envíos, con 543 millones de euros, seguido de junio, con 525 millones y julio, con 522 millones de euros.
Los datos ponen de manifiesto la entrada creciente de inmigrantes en España, ya que desde 2002 las estadísticas reflejan que las remesas han ido creciendo de forma paulatina. Así, las remesas en 2002 representaron 2.844 millones de euros, 3.475 millones, en 2003; 4.189 millones en 2004 y de 4.614 millones en 2005.
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CONTRATO IRREGULAR
Contrato Irregular: Multa por emplear a un inmigrante
 
La Inspección de Trabajo ha multado con 6.060 euros a un pequeño constructor sevillano por contratar a un inmigrante sin papeles, que lo denunció a las dos horas de estar trabajando en su obra. Según explicó el empresario se puso en contacto con él una trabajadora social, para pedirle «un hueco para un chaval rumano». El constructor se llevó una sorpresa cuando a las dos horas se presentaron en el lugar dos inspectores, que le abrieron expediente. / EFE
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ESPAÑA
El Rey pide lealtad institucional ante la inmigración en su despedida de Canarias
EFE/LAS PALMAS
 
El Rey se despidió ayer de Canarias con una última referencia a la Constitución, «marco de estabilidad y convivencia en libertad», y con un llamamiento a las administraciones para que combatan la inmigración ilegal de forma «leal y coordinada».
Los Reyes finalizaron en Gran Canaria su visita oficial de cinco días al archipiélago, que les ha llevado desde el miércoles hasta ayer a las otras seis islas. «Cinco días valiosos e inolvidables», dijo de ellos el Rey.

Rigor y solidaridad
El Rey habló de metas de futuro y de problemas del presente, como es el de la inmigración ilegal, «que nos afecta a todos» y que requiere por ello «del concurso leal y coordinado de los esfuerzos de todas las Administraciones Públicas».
Un fenómeno de amplia dimensión social y humanitaria, que requiere que «actuemos juntos, con rigor y solidaridad», tanto en los países de acogida como en los de origen, recordó el Rey.
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Sociedad
Los inmigrantes podrán conocer la oferta de empleo a través de una nueva web
Las comarcas y pueblos aragoneses cuentan desde este lunes con una nueva arma con la que involucrar a los inmigrantes en su actividad diaria. El nuevo servicio de Inmigración y nuevos pobladores de Aragón, pone a disposición de todos los usuarios una página web en la que las localidades aragoneses presentarán su oferta laboral y los inmigrantes tendrán la posibilidad de elegir aquellas zonas que más se adapten a sus necesidades.

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Pueblos es la responsable de la puesta en marcha de este servicio, que para su correcto funcionamiento contará con la presencia real de algunos de sus técnicos en los pueblos que se sumen a esta iniciativa.
Este nuevo servicio estará en funcionamiento a través de la página web www.municipiosconlainmigración.o
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CANTABRIA
diego afirma que "hoy en día, la inmigracióne es un problema"
El PP se compromete a crear una Oficina Regional de Inmigración si vuelve al Gobierno regional
Cantabria contará "inmediatamente, cuando el Gobierno sea del PP", con una Oficina Regional de Inmigración que atenderá a las personas que lleguen a Cantabria procedentes de otros países, coordinará la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan en la materia y será evaluada periódicamente por un foro compuesto por dichas organizaciones.

Estas son las tres principales propuestas que el presidente del PP, Ignacio Diego, ha presentado a 13 asociaciones de inmigrantes en Cantabria, representativas de otros tantos países, a las que se les ha explicado que la política del PP en este área parte de las "premisas" de legalidad y regulación. Durante la reunión, se han aprobado las tres propuestas y se han introducido "matices" y sugerencias manifestadas por las asociaciones. Se trata de la tercera reunión formal del denominado 'Foro de Inmigración' que se celebra para perfilar "las decisiones que tomará el PP en materia de inmigración cuando tenga las responsabilidades de Gobierno".
Según explicó Diego, la Oficina Regional de Inmigración que el PP pondrá en marcha estará atendida por personas "formadas específicamente" para atender desde el punto de vista, legal, laboral y social y cultural "a las personas que vienen de fuera". Igualmente, de alcanzar el Gobierno, el PP colaborará "de una manera mucho más intenta de la que lo hace ahora el Gobierno" con las ONGs, que "están respondiendo a la ausencia de respuesta del Gobierno".
Diego precisó que el PP quiere "potenciar la labor de esas organizaciones porque lo hacen bien" en "reconocimiento" a su trabajo, que, por otro lado, sería coordinado a través de la propia Oficina.Por último, propuso la creación de un "foro estable en el que tengan representación todas esas asociaciones", que juzgarán "en continuo la labor de la Oficina", al tiempo que aseguró que el Partido Popular desea "integrar" a los inmigrantes "en todas las políticas que lleve a cabo el Gobierno para todos los ciudadanos de Cantabria".
De esa manera, se pretende que los ciudadanos dejen "de percibir la inmigración como un problema" y que "deje de serlo", ya que "hoy en día la inmigración, tal y como está, es un problema", subrayó el presidente del PP. En Cantabria residen 20.547 personas extranjeras, lo que representa el 3,7% de los ciudadanos empadronados en la región. Por nacionales, el mayor porcentaje lo representan los ciudadanos colombianos (17%), ecuatorianos (10%), rumanos (8%), peruanos (6%) y marroquíes (5%).
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EL CONSELLEIRO AFIRMA QUE HAY PUESTOS EN EL NAVAL, METALÚRGICA, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN
Ricardo Varela admite que Galicia "necesita que vengan inmigrantes"
 
El titular de Traballo minimiza la importancia de la venta de Fadesa porque "una empresa de interés gallego es aquella que invierte y crea empleo en la comunidad".
AGENCIAS
 
Ricardo Varela. / tucho valdés
 
Agencias.Santiago
El conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, admite que Galicia "necesita que vengan inmigrantes y formar mano de obra propia para sectores que tienen dificultades para incorporar trabajadores", entre los que citó "el naval, el metalúrgico, el del transporte o el de la construcción en determinadas especialidades".
En una entrevista concedida a Europa Press, Varela recordó que en el pasado "se hizo un defectuoso análisis de las necesidades" que en este momento "no permite tener la oferta que se precisaría". "No ha habido una previsión de lo que el mercado iba a demandar a corto plazo", criticó.
En este sentido, también reconoció que existen "dificultades territoriales", por lo que su departamento realizó un análisis de las demandas en cada comarca. "Tratamos de ir por delante en la formación a corto plazo y contribuir a fijar población en el interior de Galicia", apuntó.

Formación y contratación
Según el conselleiro, el objetivo es "que las demandas que se producen se puedan cubrir con la formación en un territorio y que las empresas no tengan que trasladarse para cubrir la mano de obra cualificada". "Nuestra obligación es tratar de que una empresa que se va a asentar pueda tener la formación previa de trabajadores para poder implantarse allí, es lo que se denomina formación ligada a la contratación", explicó.
Añadió que la "dificultad" en el caso de la población extranjera es "ajustarla", pues Galicia no precisa "que se incorpore de manera indiscriminada", pues en este caso se produciría "un doble problema, ya que los inmigrantes se sumarían a las listas de parados".
Ricardo Varela también indicó que su departamento detectó "casos de explotación laboral de inmigrantes", por lo que dio instrucciones para que la Consellería de Traballo "se persone en todos aquellos procedimientos en los que se considere que se está produciendo una vulneración de los derechos de los trabajadores".
Por otra parte, Ricardo Varela minimizó la importancia de que Fadesa pierda la titularidad gallega, porque considera "que la procedencia del capital no es garantía de nada". "Para mí una empresa de interés gallego es aquella que invierte y crea empleo en esta comunidad", señaló.
Así, dijo que lo que le preocupa de esta operación es que la inmobiliaria mantenga la actividad en Galicia "y parece ser que esto no esta en cuestión". "También sería bueno que el vendedor, el empresario Manuel Jove, invierta lo que gane en empresas gallegas porque así tendríamos un doble beneficio", destacó.
El conselleiro de Traballo defenderá el próximo jueves ante la Unión Europea, en nombre de las comunidades autónomas, que se introduzca el concepto de evolución demográfica para diseñar las políticas de empleo "porque interesa mucho a Galicia, debido a su comportamiento negativo".

Previsiones
El titular de Traballo se mostró convencido de que a final de año su departamento "cumplirá los tres objetivos de disminuir el empleo, la temporalidad y la siniestralidad". En materia de desempleo, subrayó que "se superará ampliamente" la reducción prevista de 10.000 parados.
En cuanto a la siniestralidad, reconoció que "el problema fundamental" está en los accidentes mortales, pues Galicia, con algo más del 5% de trabajadores ocupados de España, concentra "el 10%" de estos siniestros.
"Es cierto que tenemos sectores más susceptibles de sufrir estos siniestros, como la pesca, la extracción minera o las actividades agrícolas con maquinaria pesada, que explican algo esto, pero ahí tenemos que trabajar", razonó.
Para el conselleiro, "el reto" es "cambiar el modelo de bajos salarios", pues "la competencia es brutal y Galicia no puede combatir con el norte de África y el Sureste asiático". En este sentido, indicó que los gallegos bien formados se quedarán en la comunidad si se implantan empresas que requieran esa mano de obra. "Es el modelo por el que hay que apostar, porque dará empleo a la gente que estamos preparando. Es muy triste que estemos trabajando para el inglés", apuntó.