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El Gobierno desconoce el número de inmigrantes que vendrán de Canarias El Ejecutivo también podrá enviar a la provincia a personas llegadas a Ceuta y Melilla
Los traslados dependerán de las oleadas de cayucos que se vayan produciendo A. Castroverde | Lugar: pontevedra) La masiva llegada a Canarias de inmigrantes de distintos países africanos puso sobre la mesa la necesidad de trasladar a las personas acogidas en las islas a otros territorios, entre ellos, la provincia de Pontevedra, donde existe un centro de acogida para menores llegados de otros países. De momento, el Gobierno no tiene hecho un cálculo de los que vendrán a la provincia y asegura que el número final estará, entre otros factores, en función de la oleada de cayucos que arriban a Canarias.
«Dado que el traslado se realiza en función de la situación de llegada de los inmigrantes a estas zonas y de la capacidad de acogida de los recursos existentes en las mismas y en la Península, no se puede hacer una previsión del traslado a Pontevedra en los próximos meses», asegura el Ejecutivo en respuesta a una pregunta planteada por la diputada del PP Ana Pastor.
El Consejo de Ministros aprobó en enero del 2005 un acuerdo sobre actuación para atención humanitaria y acogida de los inmigrantes desplazados desde Canarias al territorio de la Península. El Gobierno asegura que quiso dar una respuesta «planificada y ordenada» a los traslados de inmigrantes que se venían produciendo desde el año 2002.
El acuerdo prevé desarrollar un programa de acogida y articularlo en cooperación con las comunidades autónomas. También apuesta por promover unas condiciones de acogida más favorables para los inmigrantes «en situación de vulnerabilidad».
El Ejecutivo advierte de que, aunque el acuerdo del 2005 hace referencia solo a los inmigrantes trasladados desde Canarias a la Península, ahora se aplica también a los llegados a Ceuta y Melilla. A este respecto, recuerda que la ampliación a estas dos ciudades fue acordada en una reunión de la Comisión Mixta prevista en el acuerdo, reunión que se celebró el 1 de marzo del 2005.
«Por tanto -explica el Ejecutivo- cuando la situación derivada de la llegada de inmigrantes a estas zonas lo requiere, se aplica el citado programa para la acogida de los inmigrantes llegados a la Península.
El Ejecutivo señala además que, por parte de los ministerios de Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, existe un seguimiento «diario» del número de personas acogidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Canarias y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla.
En cualquier caso, el Ejecutivo está dispuesto a avisar a la Xunta antes de efectuar cualquier traslado. Tanto en el caso de Canarias como en el de Ceuta y Melilla, la Dirección General de Integración de los Inmigrantes comunica la información sobre el traslado a las autoridades de la comunidad autónoma «con anterioridad» al viaje de los inmigrantes a las plazas de acogida.
El Gobierno asegura que la comunicación supone igualmente «una novedad» pues en los primeros años de traslados -presumiblemente, bajo los gobierno del PP- no se facilitaba esta información.
Los inmigrantes llegados de África encuentran trabajo en la provincia en distintos sectores. No obstante, su presencia se ha incrementado notablemente en los últimos años en actividades como la pesca, la construcción o el comercio ambulante.
En contra de las previsiones iniciales y a diferencia de otras comunidades, no existe, sin embargo, una introducción notoria en el sector agrícola en la provincia, pese a que miles de explotaciones fueron cerradas en los últimos años.
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La creciente demanda inmigrante podría encarecer la vivienda media, según idealista.com
1 Octubre 2006 15:00 MADRID, 1 (EUROPA PRESS) La demanda cada vez más "significativa" de viviendas en propiedad por parte de la población inmigrante, en detrimento del mercado del alquiler, podría provocar un incremento del precio de la vivienda media (aquellas cuyo precio ronda los 180.000 euros), según idealista.com.
En declaraciones a Europa Press, el director de comunicación de la web inmobiliaria, Fernando Encinar, señaló que "se está dando un progresivo encarecimiento de las viviendas más baratas, mientras que aquellas que superan los 300.000 euros no están viendo incrementar sus precios", lo que podría deberse, en su opinión, a estos cambios en la forma de adquisición de viviendas por parte de la población extranjera afincada en España.
Esta circunstancia fue confirmada también por el socio director del área Suelo y Residencial de la consultora inmobiliaria Knight Frank, Alberto Prieto, quien aseguró que "el peso de la población inmigrante se está notando ya en el mercado de los vivienda en propiedad". De hecho, según señala, "en algunas promociones urbanísticas la población extranjera copa casi el 90% de las viviendas".
En la misma línea, el director técnico de Tasamadrid, Pablo Díaz Romeral, apuntó que "la compra de viviendas por parte de población inmigrante ya supone el 30% del negocio hipotecario en localizaciones como Cataluña", cuota de la que dijo "no es desdeñable".
Según estas cifras, la actual presencia de la población inmigrante en el ámbito de la compra de inmuebles, que el director de comunicación de Idealista.com tildó de "significativa", empieza a distar de los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Encuesta de condiciones de vida 2004, en la que se recoge que el 36,8% de los extranjeros de origen europeo afincados en España y hasta el 16,4% de los llegados de otros países contaban con una vivienda en propiedad en aquel año. En el caso de la población española, el porcentaje alcanzaba el 83,8%.
Más aún, el régimen del alquiler era el ámbito habitual de los inmigrantes no europeos, quienes arrendaban en el 75,7% de los casos, mientras que en el caso de los europeos el porcentaje ascendía a 57,4% y en el de los españoles de un 7,7%. PREFERENCIA POR EL BAJO COSTE. El desplazamiento de la demanda extranjera hacia este tipo de viviendas encuentra su explicación en el bajo coste de estos inmuebles. Como señala el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, los inmigrantes que entran ahora no pueden acceder a una vivienda, sin embargo, la prolongada estancia de muchos inmigrantes ya asentados en España les ha permitido una situación sociolaboral que les permite optar a la compra.
Además, Chicote apunta que este tipo de demandante "no tiene inconveniente en compartir una misma vivienda entre muchas personas para compartir así el coste de la misma".
Por otra parte, desde Tasamadrid se apunta a que las condiciones financieras que se les están exigiendo "son cada vez más importantes". En este punto, Prieto afirma que el papel de los bancos va a ser "fundamental" en un futuro a la hora de flexibilizar las condiciones de financiación, por ejemplo mediante la ampliación de los plazos hipotecarios, para facilitar las condiciones de endeudamiento.
Precisamente, según los datos del INE de 2004, el gasto por hogar en el caso de los inmigrantes no europeos fue de 416 euros mensuales, más del doble que el de los españoles, de 199 euros. Por su parte, en el caso de los extranjeros procedentes de países europeos el gasto medios fue de 384 euros mensuales.
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Europa: La juventud cobra protagonismo en la atención pastoral a los inmigrantes
IBLNEWS, AGENCIAS Asumir la tarea de una mayor preocupación por los jóvenes inmigrantes: es el compromiso que se está haciendo llegar a las Conferencias Episcopales de Europa.
Se trata del fruto del encuentro anual de directores nacionales para la pastoral de las migraciones en Europa.
Convocados por la Comisión de Migraciones del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), se reunieron en la ciudad española de Sigüenza del 21 al 24 de septiembre entorno a un tema prioritario: «Migraciones y juventud. Una oportunidad para la sociedad y la Iglesia en Europa».
Los 46 representantes de 25 Conferencias Episcopales de Europa y de la Santa Sede, entre ellos seis obispos, así como representantes de organismos católicos internacionales (COMECE, ICMC, Caritas Europa), coincidieron en subrayar la necesidad de intensificar y mejorar la pastoral con los inmigrantes en general y con los jóvenes en particular, apuntan en su comunicado final.
Y es que –dice el texto- «estos constituyen el futuro de la nueva sociedad europea y de una Iglesia renovada y enriquecida por la aportación de los numerosos jóvenes que llegan a Europa o nacen ya en ella, procedentes de diversas culturas y de ricas tradiciones religiosas».
Los participantes han constatado el papel fundamental que en este proceso corresponde a la Organización de las Naciones Unidas , al Consejo de Europa (COE) y a la Unión Europea (UE).
Consideran que sucesos como los desórdenes en barrios periféricos de Francia, o los atentados de Londres -protagonizados por jóvenes, hijos o nietos de inmigrantes- ponen de manifiesto que el proceso de acogida y de integración de los inmigrantes en Europa ha tenido deficiencias.
Igualmente denuncian la dramática situación actual de la llegada de inmigrantes de África a las Islas Canarias y a las costas del sur de la Península Ibérica, Italia y Malta, considerando el fenómeno como fruto de una injusta situación de pobreza en los países de origen de aquellos.
Por ello apelan a la responsabilidad de los países desarrollados de Europa, a la ONU, al COE y a la UE «para que establezcan políticas más generosas de ayuda al desarrollo de los países pobres y controles más eficaces de las mafias y de los traficantes de personas».
Los participantes de este encuentro se han propuesto hacer llegar a sus Conferencias Episcopales y a la Iglesia en sus respectivos países «el compromiso de asumir la tarea de una mayor preocupación por los jóvenes inmigrantes».
Ello supone «crear desde las parroquias los servicios adecuados en el campo de la formación y del asociacionismo para facilitarles la fraterna acogida, el papel que les corresponde, la participación en el debate político y la integración armónica que posibiliten un futuro común en una Europa justa y solidaria», concluyen.
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Cada inmigrante embarcado da de comer a diez familias en su país
ANTÓN LUACES Antón Luaces.A Coruña La fórmula privada de las sociedades mixtas ha logrado resolver, en parte, el problema de la inmigración ilegal. Los empresarios pesqueros, con esta iniciativa, han conseguido crear más de 7.300 empleos en buques y plantas de transformación en tierra, con 450.000 toneladas de producción al año. Según el clúster, se estima que cada persona embarcada da de comer a 10 familias en su lugar de origen, es decir, aproximadamente medio millón de personas viven del trabajo que generan.
Ocho ministros de Pesca (de Gabón, Namibia, Marruecos, Guinea Bissau, Honduras, Mozambique, Mauritania y Angola) junto con secretarios, subsecretarios y directores de Pesca de países como Malvinas, Chile, Gabón, Ecuador, México, Argentina, Hungría y Rusia asistirán en Baiona al I Seminario Internacional Sociedades Mixtas de Pesca: cooperación y desarrollo sostenible, organizado por el Clúster de Empresas Pesqueras en Países Terceros con el Ministerio de Agricultura y Pesca.
Además de los señalados, asisten ejecutivos y asesores de distintas empresas y organismos de Brasil, Namibia, Venezuela, Países Bajos y Rusia. En total, más de 200 personalidades que integran las 23 delegaciones internacionales, altos representantes de la Comisión Europea, del Gobierno español, las comunidades autónomas y asociaciones de armadores.
El acto inaugural del seminario, que se celebrará mañana, será presidido por la ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa, acompañada por la conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos de la Xunta, Carmen Gallego; el secretario general de Pesca Marítima, Juan Carlos Martín Fragueiro, y el presidente del Clúster, José Ramón Fontán.
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Los obispos canarios relacionan inmigración con injusticia social L. R. R. LAS PALMAS- Los obispos de las dos diócesis de las Islas Canarias, monseñor Francisco Cases, obispo de Canarias y monseñor Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, se pronunciaron ayer de forma conjunta sobre el tema de la inmigración, denunciando las «injustas reglas de la economía mundial, que han condenado a África a la pobreza y el olvido» y se refirieron a los dos desembarcos: «el del inmigrante en Canarias y el del empresario en África, que no están desvinculados».
Según informa la agencia de noticias Veritas, ambos prelados participaron en un coloquio que tuvo lugar en Las Palmas de Gran Ganaria, organizada por el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC) y el aula Manuel Alemán de la Universidad de Las Palmas. Los obispos canarios criticaron el enfoque predominante en el tratamiento de la inmigración, «no sólo en lo que respecta a la xenofobia o el rechazo al extranjero», sino también el discurso «aparentemente bienintencionado que defiende la necesaria mano de obra inmigrante para mantener la economía de las sociedades opulentas de consumo».
Cooperación con el islam
Refiriéndose a su experiencia personal en Burkina-Fasso, monseñor Cases puso el acento sobre lo que significa literalmente «morirse de hambre» y consideró que «las situaciones de neocolonialismo europeo e internacional sobre África son las verdaderas causas de la inmigración desesperada».
Los obispos canarios indicaron que son pocos los medios de comunicación que se percatan de lo que está en juego esencialmente, «el futuro de África»: «África y su pobreza son el tema principal que debe ocupar en este contexto al cristiano». En ese acercamiento «urgente» a África, «se hace central la solidaridad y la cooperación religiosa, social y espiritual con el Islam, lo cual implica también señalar las posibilidades que tienen los países islámicos de colaborar en la erradicación de la pobreza en el norte de África», aseguraron.
Monseñor Cases concluyó recordando que «la responsabilidad y hospitalidad del necesitado más allá de los cuarenta días que permanecen en los centros de internamiento son tareas ineludibles para los católicos».
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CiU promete «catalanizar» la inmigración La formación nacionalista anuncia en su programa electoral que ofrecerá cursos sobre cultura catalana en los países de origen Tate Santaeulària Barcelona. El tiempo expira. Y es que sólo queda un mes para las elecciones autonómicas. Los candidatos a la Presidencia de la Generalitat están en plena precampaña, y sus respectivos partidos se afanaban en ultimar los detalles de los programas electorales. La inmigración y las infraestructuras que necesita Cataluña se han convertido en el grueso de las principales promesas que lanzarán los aspirantes al sillón presidencial. A nadie escapa que estos dos temas se han convertido en auténticos retos para el futuro.
En inmigración los enfoques de las distintas formaciones políticas son bien dispares. Los partidos nacionalistas entienden que la integración de los inmigrantes extracomunitarios pasa por un buen aprendizaje de la lengua y la cultura catalana. Así, la federación nacionalista, CiU, en su programa electoral llega a proponer que «toda persona contratada en origen siga un proceso de formación, de 30 horas, que se realizará siempre que sea posible en el país de origen y abarcará aspectos referidos a la lengua y cultura catalanas». Es decir, Mas quiere que hagan un cursillo acelerado antes de desembarcar en Cataluña.
En la misma línea se mueve ERC. Los de Carod-Rovira abogan por intensificar los cursos de catalán -que ya están en práctica- a los inmigrantes que vivan en Cataluña. La base es la misma, no obstante, el planteamiento de ERC y CiU es distinto en la medida que Mas cree que con el nuevo Estatut se ha logrado competencias suficientes para hacer frente al fenómeno migratorio mientras que Esquerra cree todo lo contrario. Convergen en la necesidad controlar el flujo migratorio, que la Generalitat pueda conceder permisos de trabajo y desarrollar una buena política de cooperación con los países de donde procede la inmigración.
De hecho, estos tres ejes son demominador común en el programa electoral de todos los partidos catalanes. Aunque, quizás, la fuerza política que da más peso al reto de la inmigración de cara a las elecciones sea el PP catalán. Josep Piqué es el único que propone crear una consejería de inmigración en el Gobierno catalán para que coordine e impulse las políticas asociadas al fenómeno migratorio. Los populares dedican gran parte de su programa a abordar la espinosa cuestión y reseñan las líneas maestras a seguir por el Gobierno central, la Generalitat y las administraciones locales. Todo un sistema que parte de la premisa que la inmigración es necesaria, pero la capacidad de acogida es limitada.
De una tesis parecida parte el PSC, quien también hace de la inmigración uno de sus principales caballos de batalla en estas elecciones. El presidenciable socialista, José Montilla, propone un gran pacto para la inmigración. Se trata de un acuerdo entre todos los agentes implicados -sociedad civil, agentes sociales, partidos...- para analizar la situación y buscar soluciones.
Por último, la formación ecosocialista que lidera Joan Saura es la única que incluye en su programa electoral el controvertido derecho a voto de los inmigrantes en las elecciones municipales.
Otras de las cuestiones que aparecen en los programas electorales con notable presencia son las infraestructuras, la vivienda, la economía y la seguridad ciudadana, y sobre todo constantes referencias al despliegue del nuevo Estatut. De hecho, todas las formaciones, salvo el PP catalán incluyen el desarrollo del nuevo marco legal en su promesas electorales.1
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Güemes cree que Madrid podría necesitar medio millón de inmigrantes más El consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, aseguró el sábado que, si la Comunidad de Madrid "mantiene el ritmo de crecimiento económico actual, necesitará incorporar hasta 2010 a su mercado de trabajo a medio millón de personas más, que en su mayoría serán inmigrantes". El responsable regional realizó estas manifestaciones durante la inauguración de la I Feria del Trabajador Inmigrante, cita en la que también destacó que Madrid es la región española con el mayor número de mujeres extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, al contar con 189.833, y la única que se acerca a la paridad, con un 46,1% de representación femenina, informó la Administración autonómica.
Güemes destacó la importancia de la inmigración en el crecimiento económico de la Comunidad de Madrid, y puso de relieve que el número de extranjeros afiliados a la Comunidad de Madrid volvió a aumentar el pasado mes de agosto, hasta alcanzar un nuevo récord de afiliaciones, con 411.449 personas dadas de alta.
En los últimos doce meses la Comunidad de Madrid ha registrado un total de 61.910 nuevas afiliaciones de inmigrantes a la Seguridad Social, lo que representa un 58,1% del total de las altas en el último año, que ascienden a 121.951. Así, actualmente trabajan en la región más de 550.000 inmigrantes.
El consejero aseguró que estas cifras sirven de termómetro para medir la pujanza de la Comunidad de Madrid, que hoy es líder en creación de empleo. "Por este motivo --señaló--, la región se ha convertido hoy en el destino de miles de inmigrantes que buscan en Madrid un lugar donde trabajar". CURSOS DE FORMACIÓN Con el objetivo de facilitar la inserción de los inmigrantes en el mercado laboral de la región, la Consejería de Empleo y Mujer, a través del Servicio Regional de Empleo, tiene en marcha una serie de cursos de formación en los que participan 6.760 inmigrantes, un 96% más que en 2005.
Entre los cursos más demandados por los inmigrantes que ofrece la Comunidad de Madrid se encuentran los relacionados con jardinería y ayuda adomicilio. En la actualidad, los cursos que más alumnos inmigrantes tienen son los de peluquería, con 311, y los de técnico auxiliar en diseño gráfico, con 304.
En el apartado de prevención de riesgos laborales, Güemes señaló que, dentro del II Plan Director, la Comunidad de Madrid ha editado numerosas publicaciones en varios idiomas con el objetivo de sensibilizar, formar e informar a este colectivo. Así, se han editado guías en polaco, árabe, rumano, francés e inglés.
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La inmigración y la UE Los ocho países mediterráneos miembros de la UE, reunidos el viernes en Madrid, han pedido al conjunto de la Unión Europea ayuda para hacer frente a la inmigración descontrolada que llega desde África: colaboración en el control de las fronteras marítimas, presión a los países de origen para que acepten a los repatriados y pago de los costes de la asistencia social y sanitaria a los sin papeles.
El día después de que el Parlamento europeo rechazara una propuesta de la derecha para responsabilizar al Gobierno español de la llegada masiva de sin papeles, el ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy, viajó a Madrid para exigir el fin de las regularizaciones. Visiblemente molesto por las palabras del presidente Zapatero (quien le recordó que la política migratoria de su Gobierno estaba en el origen de los pasados conflictos en las barriadas francesas), abandonó la reunión. Y es que, el Gobierno español ni debe ni puede actuar con la mano dura que le exige el PP y los gobiernos conservadores. Tiene razón la vicepresidenta De la Vega cuando dice que no hay soluciones mágicas. Lo peor de quienes claman contra la política de regularizar la situación de los inmigrantes que ya se han establecido en Europa es que no ofrecen otra alternativa que mantenerlos en la economía sumergida, en situación de marginalidad. O eso o la expulsión masiva. Pero una cosa es frenar y otra expulsar, porque ¿puede España expulsar a un millón y medio de personas?
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EDITORIAL PRENSA ASTURIANA
Director: Isidoro Nicieza La ONG asturiana Manos Extendidas acoge a 16 extranjeros en dos pisos situados en Oviedo y Mieres Oviedo, A. VILLACORTA
«No permanecer en la cama después de las nueve. A las diez, sábados y festivos. Está prohibido preparar comida entre horas o llevarla a la habitación. La calefacción no puede encenderse sin autorización expresa, y la televisión se apaga a las 24.00». Las «normas básicas para la convivencia» están escritas en un folio plastificado sobre cada una de las mesillas de los dos pisos de acogida para inmigrantes que la ONG Manos Extendidas tiene en Asturias, uno en Oviedo y otro en la localidad mierense de Figaredo, con ocho plazas cada uno, todas para varones. «Aunque, a veces, se hacen excepciones y uno más duerme en el sofá del salón», explica Juan José Sánchez, un antiguo voluntario de Villabona que creó la institución hace 8 años.
Los alojamientos para inmigrantes de Manos Extendidas complementan la oferta de acogida del Principado, gestionada por Cruz Roja y la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem): un piso en Oviedo y otro en Gijón con seis plazas cada uno. Doce en total que se duplicarán en menos de un mes.
Una vez realizada esta ampliación, Asturias acogerá a mil inmigrantes «sin papeles» al año, la mayoría de ellos procedentes de Canarias. En lo que va de 2006, 225 personas han pasado ya por los dos alojamientos de Accem. Allí permanecen una media de siete días, aunque el plazo máximo de estancia es de dos meses. Después se van, «porque todos vienen con la dirección de un amigo o de un familiar en otra ciudad, en España o fuera», explicó recientemente la consejera de Bienestar Social, Laura González, lo que motivó las críticas del Partido Popular, que acusa al Ejecutivo regional de «desentenderse de ellos con un bocadillo y una orden de expulsión en el bolso» y de «trasladar el problema».
Los tiempos en los pisos de Manos Extendidas son diferentes. Allí pueden permanecer seis meses, «el tiempo necesario», como la experiencia le ha demostrado a Juan José Sánchez, «para que aprendan el idioma y encuentren un trabajo».
El aprendizaje del castellano es una prioridad después del desayuno, de diez minutos de agua caliente para la ducha y de limpiar su habitación para Matar N'Dom, 22 años, y Matar Thiam Dom, 25, dos hermanos senegaleses que llegaron en cayuco a las costas de Tenerife. De su viaje, por el que pagaron 1.000 euros cada uno, junto con otras 82 personas, recuerdan el hambre y la sed. Y los cadáveres de dos compañeros que tuvieron que tirar por la borda. Comparten el piso de Oviedo con personas de otras cinco nacionalidades y cuatro confesiones y se dirigen cada mañana al centro educativo de la ONG en el otro extremo de la ciudad, un trayecto a pie de 45 minutos. Las clases de español son de diez a una, de forma que todos los habitantes se reúnen para almorzar a las dos.
La manipulación de los alimentos corre a cargo del responsable del alojamiento, una de las tres personas contratadas por Manos Extendidas para supervisar el funcionamiento de sus casas. «Aunque a veces los que saben cocinar preparan platos típicos de sus países. Además, una vez a la semana, cada uno se encarga de limpiar las zonas comunes», cuenta Sánchez, y un papel sujeto con un imán a la nevera lo confirma. Ese día, el que hace la casa tienen derecho también a usar la lavadora.
Por la tarde, acuden a talleres formativos o buscan empleo. Más o menos estable, pero siempre ilegal, que es a lo que les aboca su condición de «sin papeles». «No queremos que anden mucho por la calle tal como están las cosas, porque, aunque comunicamos a la Guardia Civil y a la Policía judicial la gente que está con nosotros y a los chavales les hacemos un documento que también lo pone, están expuestos a que les repatríen, como pasó hace poco con un marroquí que había encontrado a un ganadero que estaba muy contento con su trabajo y a punto de contratarle. Lo cogieron y al día siguiente estaba en Marruecos. Es demasiada presión para ellos».
Por eso también hay muchas horas muertas en el sofá del salón y muchos cigarrillos «que los que trabajan compran y comparten». «Intentamos que no se junte mucha gente de la misma nacionalidad, para que practiquen el español; la convivencia es muy buena porque entienden que la gente que vive aquí es su familia durante el tiempo que pasen en el piso. Insistimos mucho en que no nos vean como una institución sino como su casa», relata el alma de la institución, que intenta romper la rutina «con los cumpleaños y saliendo de excursión». «Las pequeñas dificultades, como que los hombres de determinadas culturas no estén habituados a hacer tareas domésticas o a dormir con sábanas y vestidos, se superan pronto», resume.
«Lo que no resulta tan fácil es perder el miedo. Cuando pasa un mes, suele haber un proceso de depresión en el que acusan la falta de su familia y de papeles, y, sobre todo, se dan cuenta de que han endeudado a toda su familia y a sus amigos por nada. Lo que hacemos es darles una tarjeta de teléfono cargada con doce euros. Después, el descanso es apreciable».
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Los centros públicos acogen al doble de inmigrantes que los concertados La mayoría de inmigrantes escolarizados en Vigo son suramericanos y muchos proceden de colegios católicos, pero algunos se han encontrado trabas a la hora de seguir estudiando en un centro religioso. "Tuvimos el caso de un niño que reunía todos los requisitos para ser escolarizado, pero no pudo hacerlo hasta que acompañamos a la madre al centro interesándonos por la situación", explica Luisi Motta, presidenta de la asociación Madres Latinas.
"Nuestros hijos son estudiantes, no inmigrantes", reivindica Motta, ya que según ella esta denominación se ha convertido "en una etiqueta mal tratada". De cualquier forma, insiste en que las integrantes de este colectivo no desean adoptar el papel de víctimas, sino "ayudar y colaborar a que crezca esta ciudad".
Así, entre sus numerosas actividades organizaron el pasado abril el primer Congreso sobre Inmigración y Educación, en el que varios expertos abogaron por una formación adecuada del profesorado. El objetivo es que la interculturalidad se convierta en un "vínculo de crecimiento" y para ello la Administración debe elaborar programas globales y no acciones puntuales. Asimismo se habló de la necesidad de preparar a la población para acoger a los inmigrantes.
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El 10% de los inmigrantes carecen de papeles En Ferrol residen 1.200 inmigrantes, de los que un 10% carecen de papeles, según los datos de Cáritas. Esta organización dice que es necesario trabajar para facilitar la integración social y laboral de los extranjeros. |
